Por: Belinda Ortíz.
En 18 Estados de la república el aborto es considerado un delito acorde a sus leyes, argumentos improvisados y sin fundamentos a raíz de que el 27 de abril del 2007 en la ciudad de México, la Asamble legislativa reformo la ley para que la interrupción del embarazo se convierta en un derecho gratuito. Algunos congresos de los Estados de extracción panista y priista bajo el amparo de la Iglesia, han hecho una serie de modificaciones para que se criminalice el aborto considerando que la vida inicia desde el momento de la concepción, lo cual carece de pruebas científicas y trae consecuencias jurídicas, evidenciando un retroceso en el tema de los derechos humanos en México ( los estado son: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco; Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán). Ante ello Luis Gonzalez, comisionado de Derechos Humanos del D.F., afirmo que “los derechos humanos de las mujeres han sido cuestionados” y para muestra un botón: las siete mujeres presas en Guanajuato que fueron encarceladas por sufrir aborto espontáneo y acusadas de “Homicidio en parentesco”, mismas que no fueron absueltas, sino que al determinar que su condena fue excesiva (de 25 a 35 años), una nueva reforma las condeno a 3 y 8 años, período que ya habían cumplido y por tanto quedaron en libertad. Cancelando el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, al derecho reproductivo, al derecho a la libertad y la vida de la mujeres que afecta a todos. Habrá que recordarles a los y las legisladoras que nuestra constitución en su artículo 4º dice que: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos” y que desde 1981 México ratifico la Convención para la eliminación de todas formar de discriminación contra la mujer.
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